Con el cese de la cárcel del condado de Butler como centro de detención “civil” para personas inmigrantes, un grupo de defensores pro derechos a este sector de la comunidad y abogados migratorios, sostuvieron una sesión de diálogo abierto, donde analizaron esta victoria y se discutieron posibles expectativas para el futuro.
Las conversaciones fueron moderadas por Lynn Tramonte de la Ohio Immigrant Alliance, y contó con la participación de Danya Contractor representando al Ohio Immigrant Visitation; Anna Nathanson del Norris Law Group; Brian Hoffman de Ohio Center for Strategic Immigration Litigation & Outreach y Sandra Ramírez del grupo Youth Educating Society (YES) del Intercommunity Justice and Peace Center de Cincinnati (IJPC).
El evento, también contó con testimonios grabados de personas que pasaron un tiempo en esa cárcel, hablando de sus experiencias, destacando las deficiencias en los alimentos suministrados, los cuales fueron catalogados como incomibles, falta de agua caliente y fallas en el acomodo a personas transgénero.
El panelista, Brian Hoffman (abogado) explicó cómo el uso de cárceles como centros de detención “civil”, responde a la necesidad de cárceles regionales para cumplir con un número requerido de población penal, para mantener el complejo carcelario en operación y asegurar la asignación de fondos gubernamentales.
Como parte de un contrato federal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos paga una tarifa diaria por persona, mientras luchan por sus casos de deportación.
“Esta no es la forma de tratar a seres humanos en nuestro país”, explicó Hoffman refiriéndose a los Estados Unidos.
“Debemos darle una bienvenida y mostrarles un buen país, una buena América”.
