San Salvador, 9 feb (EFE).- La tensión política que vive El Salvador de cara a las elecciones del 28 de febrero subió de tono este martes en el marco del primer año desde que el presidente Nayib Bukele ingresó al Congreso con soldados armados, luego de que un diputado opositor solicitó evaluar la capacidad del mandatario de gobernar.
Bukele señaló esta acción como un "intento de golpe de Estado parlamentario".
El alza en la confrontación entre el Gobierno de Bukele y la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, se da a pocas semanas de que el país realice sus elecciones municipales y legislativas, en las que se prevé que el oficialismo tome el control del Parlamento.
El diputado Ricardo Velázquez Parker, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), pidió al Congreso que se aplique el procedimiento constitucional para determinar la capacidad mental de Bukele.
"Hemos visto acciones del presidente desacatando la Constitución y las leyes, intento de golpe de Estado, militarizar esta misma Asamblea, llamados a la insurrección, ataques a la democracia, a la institucionalidad y a la República", indicó Velázquez al justificar su petición.
La Constitución salvadoreña establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de declarar, con al menos 56 votos de los 84 diputados y con el dictamen unánime de cinco médicos, "la incapacidad física o mental del presidente" para el ejercicio de su cargos.
Este mecanismo es el que solicitó activar Velázquez, cuya iniciativa será evaluada por la Comisión Política, que reúne a los líderes de las fracciones legislativas, pero sin que esté claro el procedimiento a seguir.
El legislador indicó que se vio motivado a presentar la iniciativa tras los discursos dados por sus colegas sobre el ingreso de Bukele con militares y policías con fusiles de asalto el 9 de febrero de 2020.
Desde esa fecha, los salvadoreños han atestiguado constantes enfrentamientos entre órganos de Estado, incluso en medio de la pandemia por la covid-19.
El asesinato de dos miembros del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a manos de supuestos empleados del Gobierno, también atizó en las últimas semanas las tensiones en el país.
INTENTO DE GOLPE Y SOLICITUD INÉDITA
El presidente salvadoreño señaló en sus redes sociales que la solicitud de Velázquez se constituye en un "intento de golpe de Estado parlamentario".
"Es increíble, pero revelador, ver a los autoproclamados 'defensores de la democracia' mantener total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario", publicó Bukele.
Añadió que esta solicitud se da "a sólo días de una elección democrática en donde todas las encuestas dicen que perderán más del 80 % de sus curules".
Una denuncia similar hicieron los diputados tras las acciones del llamado "9F" al denunciar un supuesto "intento de golpe de Estado fallido".
Según el historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte, "nunca antes se había llegado a esto en los 200 años de El Salvador independiente" y que en Centroamérica únicamente existe un precedente en Guatemala.
UNA RUTA POR DEFINIR
El abogado y director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo a Efe que esta sería la primera vez que se trata de activar esta facultad de la Asamblea Legislativa.
Indicó que el primer paso es que la Comisión Política apruebe la formación de la comisión de médicos y votar su nombramiento.
Añadió que, en el caso de darse el dictamen unánime y que la Asamblea "apruebe la destitución", el vicepresidente Félix Ulloa asumiría la Presidencia.
El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y doctor en derecho constitucional, Manuel Escalante, señaló a Efe que el procedimiento para procesar la solicitud no se encuentra en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.
Señaló que considera que "el dictamen médico unánime abre la posibilidad para que la Asamblea declare la incapacidad, pero no es obligatorio que lo haga" y que si no existe unanimidad entre los especialistas, la iniciativa debe archivarse.
No obstante, apuntó que "toda esta ruta podría estar sujeta al control de la Sala de lo Constitucional" mediante un amparo o recurso de inconstitucionalidad.
PIDEN RESPETAR DEMOCRACIA
Diversos sectores de El Salvador recordaron este martes el ingreso del presidente Bukele al Congreso con militares armados como una medida de presión para la aprobación de un préstamo para financiar un plan de seguridad.
En este marco se registraron concentraciones en diferentes puntos de San Salvador y una plenaria legislativa en la que se condenó nuevamente lo sucedido el 9 de febrero de 2020.
En una de las entradas al Congreso salvadoreño, misma en la que hace un año se montó una tarima para que el presidente Bukele se dirigiera a sus seguidores, un grupo de unas 100 personas de diversas organizaciones de la sociedad civil y sindicales se concentraron para expresar que un hecho como ese no se vuelva a repetir.
"Nos hemos reunido para rechazar nuevamente y de manera contundentemente el 9 de febrero de 2020 y para alzar nuestras voces para un nunca más. Nunca más se debe de violentar la independencia de cada uno de los Estados", señaló a la prensa la sindicalista María Rosa López.
Asimismo, un conglomerado de entidades no gubernamentales, entre estas el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional - Sección El Salvador- y Cristosal, expresaron a través de un comunicado que dicho hecho no debe repetirse.
Indicaron que tras ese 9 de febrero "el presidente no ha cesado de atacar a la Constitución, a la prensa, a los opositores, a las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones".
