México, 19 feb (EFE).- Una activista mexicana se encadenó este viernes fuera de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para exigir justicia en casos de explotación laboral y violencia sexual infantil, y protección a defensores de derechos humanos.
Acompañada de tres de sus hijas, una de apenas meses de edad, Erika "Kika" Flores, defensora de derechos humanos, demandó una reunión con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que conozca el caso de unos jóvenes originarios de Acapulco, Guerrero, explotados sexual y laboralmente.
"Represento a jóvenes que fueron explotados y abusados por un empresario de Acapulco y a quienes no se les ha hecho justicia desde hace casi tres años", dijo a Efe.
De acuerdo con Flores, el empresario de nombre Federico "N" fue aprehendido en noviembre de 2018 y llevado al penal de Las Cruces, en Acapulco, pero hasta ahora no se ha dictado ninguna sentencia.
"No ha pasado nada", lamentó.
Asimismo, Flores pedirá indagar los atentados en su contra, el más reciente ocurrido la madrugada del pasado jueves, cuando hombres armados intentaron ingresar a su unidad habitacional en el central Estado de México, y al no poder hacerlo acribillaron a los guardias de seguridad.
"Dispararon, con un rifle R15, que es un calibre alto", aseveró.
La mujer señaló que, por su trabajo como activista, recibe amenazas desde el pasado 13 de febrero, lo que ya comunicó al mecanismo de protección a Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues antes ya había sufrido otro atentado "pero afortunadamente no me pasó nada", dijo.
Lamentó que las víctimas de delitos en México se vean obligados a huir y esconderse de forma permanente "por este sistema corrupto de los tratantes, pedófilos, violadores y hasta de las mismas autoridades".
De acuerdo con cifras del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en México al menos 30 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tomar edificios del Gobierno de México se ha convertido en una de las acciones más recurrentes de activistas y víctimas en los últimos meses.
La táctica inició el 4 de septiembre con la toma de una de las sedes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Ciudad de México, lo que desató una onda de protestas que se replicó en al menos 26 de las 32 entidades del país.
En noviembre, padres de los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC tomaron el edificio de la Secretaría mexicana de Gobernación (Segob) para exigir justicia a 11 años del hecho ocurrido en el norteño estado de Sonora.
