Santo Domingo, 11 mar (EFE).- Un puñado de activistas instaló varias carpas en la parte trasera de la sede del Gobierno dominicano para exigir la despenalización del aborto en tres causales.
Lanzando consignas, encendiendo velas y recitando poesías se presentaron al lugar miembros de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, y aseguraron que pernoctarán allí para presionar al Congreso Nacional (bicameral) a modificar el Código Penal que penaliza el aborto en cualquier circunstancia.
"Saquen sus rosarios de nuestros ovarios", gritaban los activistas, la mayoría de ellos mujeres, mientras agentes de la Policía Nacional les vigilaban de cerca.
La protesta se produjo luego de que la comisión de justicia de la Cámara de Diputados aprobara un informe que mantiene la penalización sin excepciones.
"No vamos a permitir que se promulgue una ley que obligue a niñas y mujeres a morir o vulnerar su salud", dijo la coalición en un documento.
La entidad defiende el aborto cuando la vida de la mujer o niña está en peligro, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto, y cuando la ciencia determina que el feto no tiene posibilidades de sobrevivir.
Exigieron al presidente dominicano, Luis Abinader, y los principales cargos del oficilista Partido Revolucionario Moderno (PRM), "tomar posición clara sobre este tema".
Aseguraron que "muchos" de los que apoyaron al hoy gobernante cuando hacía campaña electoral lo hicieron creyendo en el compromiso que había asumido con la protección de los derechos de niñas y mujeres.
Sostuvieron que la vida, la salud y la dignidad son derechos fundamentales que seguirán siendo vulnerados mientras haya una ley que obligue a niñas y mujeres a morir o a desproteger su salud o mientras se imponga un embarazo forzado resultado de una violación o incesto, sin dar la libertad de decidir.
Decenas de miembros de la coalición y de otras entidades protestaron el domingo pasado frente al Congreso Nacional para demandar que los legisladores modifiquen el Código Penal e incluyan el aborto en esas tres causales.
Sin embargo, la mayoría de los senadores y diputados se oponen a este pedido y plantean mantener la prohibición del aborto en el Código Penal y crear una ley especial sobre el particular.
Destacan la urgencia de modificar el código para incluir ilícitos no penalizados en el país, como el ciberdelito, el robo de identidad, la desaparición forzosa, el autosecuestro, el sicariato, la complicidad y la reincidencia, entre otros.
El Código Penal dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 2014, fue vetado en dos ocasiones por el entonces presidente de la República, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.
La nación se mantiene entre los seis países de América Latina que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.
