El presidente estadounidense, Joe Biden, creó este lunes un Consejo de Políticas de Género que buscará elevar la lucha por la igualdad en todos los niveles de su Gobierno, además de pedir a su equipo que actúe para combatir los abusos sexuales en los campus universitarios del país.
El nuevo consejo de la Casa Blanca es la entidad gubernamental más poderosa creada hasta ahora en Estados Unidos para impulsar la igualdad y tiene entre sus objetivos crear un plan nacional para acabar con la violencia de género, que afecta en algún punto de sus vidas a una de cada tres mujeres estadounidenses.
"Es una prioridad para nuestra Administración promover la igualdad y equidad de género, a nivel doméstico y a nivel internacional", dijo en español una de las dos presidentas del nuevo consejo, Julissa Reynoso, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Reynoso, una exembajadora en Uruguay de origen dominicano que ahora ejerce como jefa de gabinete de la primera dama, Jill Biden, copreside la nueva oficina junto a Jennifer Klein, una experta en temas de género que fue asesora de la excandidata presidencial demócrata en 2016, Hillary Clinton.
"DIGNIDAD E IGUALDAD PARA LAS MUJERES"
En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, Biden aseguró que el consejo se dedicará a "asegurar que todas las políticas nacionales e internacionales" de su Gobierno "se apoyan en una base de dignidad e igualdad para las mujeres".
Aunque tanto Bill Clinton (1993-2001) como Barack Obama (2009-2017) contaron con sendas oficinas dedicadas a temas de género -que desaparecieron bajo los mandatos de George W. Bush y Donald Trump-, ninguna de ellas tuvo demasiada relevancia.
El nuevo consejo de la Casa Blanca será el primero de la historia del país que tendrá al menos a una persona -Klein- dedicada a tiempo completo a promover políticas de igualdad, y el primero cuyas integrantes asesorarán directamente al presidente, algo que no ocurría con Clinton u Obama.
Reynoso deberá compaginar sus tareas en el consejo con su labor como jefa de gabinete de la primera dama, que le ha llevado a implicarse también en política migratoria y en particular en el grupo de trabajo para reunir a las familias indocumentadas separadas en la frontera bajo el mandato de Trump.
En la nueva oficina trabajará además una persona -aún por contratar- que asesorará a Biden sobre temas de violencia de género, y otra asesora centrada en políticas de igualdad para mujeres negras, latinas, de origen asiático o indígenas.
EN BUSCA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES
El consejo tendrá retos urgentes sobre la mesa, como la crisis generada por la salida del mercado laboral de más de 2,5 millones de mujeres estadounidenses desde que empezó la pandemia, pero también centrará muchas energías en "cambios estructurales de largo plazo", explicó Reynoso.
Entre ellos, Klein citó el impulso para que en Estados Unidos haya una "baja de maternidad, familiar o médica pagada", algo que ahora no existe por ley, además de "conseguir que el cuidado infantil sea más asequible" y combatir la discriminación basada en la identidad de género o la orientación sexual.
Las funcionarias también deberán elaborar un plan nacional de acción para acabar con la violencia de género, un tema que en Estados Unidos no suele estar en la agenda mediática a pesar de que ha afectado a una de cada tres mujeres en su vida, según la Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica.
Cuando era senador, Biden impulsó la aprobación en 1994 de la primera ley sobre la violencia contra las mujeres, conocida en inglés por su sigla VAWA, pero muchas feministas consideran que la legislación es insuficiente, sobre todo en el ámbito de la reparación y derechos legales de las víctimas.
EL RETO DE LOS ABUSOS SEXUALES EN LOS CAMPUS
Además de crear el nuevo consejo, Biden también firmó este lunes un decreto que ordena al Departamento de Educación revisar todas sus políticas para asegurar que los y las estudiantes tengan acceso a una educación libre de violencia sexual.
La Casa Blanca no aclaró, sin embargo, si eso implicará la eliminación de las normas impuestas por Trump para las investigaciones de abusos sexuales en los campus universitarios del país, que endurecieron considerablemente el proceso de denuncia para las presuntas víctimas.
Una de cada cuatro estudiantes de grado universitario de EE.UU. son violadas o sometidas a abusos sexuales, según un estudio de 2019 de la Asociación Estadounidense de Universidades (AAU).
Pero pocas se atreven a denunciarlo, porque perciben que en los campus persiste un clima de impunidad para los agresores, una sensación que se ha reforzado desde que entraron en vigor las nuevas normas de Trump, que priorizan el derecho al "debido proceso" de los alumnos o profesores acusados.
