Bangkok, 7 abr (EFE).- El equipo legal del autodenominado "gobierno legítimo" de Birmania (Myanmar) se reunirá este miércoles con investigadores de la ONU para presentar 180.000 pruebas de los brutales abusos cometidos por el Ejército desde el golpe de Estado del 1 de febrero.
Un equipo de abogados del despacho Volterra Fietta liderado por el español Álvaro Nistal representa ante la justicia internacional al Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH), también denominado gobierno civil y formado por parlamentarios electos depuestos por la junta militar.
Los representantes jurídicos del CRPH se reunirán hoy con los responsables del Mecanismo de Investigación Independiente para Birmania (IIMM, siglas en inglés) para tratar las "atrocidades cometidas por los militares" tras el golpe, indicó en un comunicado Dr Sasa, nombrado por este gobierno civil como enviado especial de Birmania ante la ONU.
El IIMM fue creado en septiembre de 2018 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para recoger, preservar y analizar evidencias sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Birmania desde 2011, incluida la persecución de la minoría musulmana rohinyá.
En el comunicado, Dr Sasa señala que se han recabado 180.000 pruebas sobre los amplios abusos contra los derechos humanos perpetrados por los militares birmanos desde la sublevación.
Entre los supuestos delitos cometidos por los uniformados están más de 540 asesinatos extrajudiciales, incluidas las muertes de 10 prisioneros políticos cuando se encontraban bajo custodia, detenciones ilegales y torturas a los detenidos.
El Gobierno civil también denuncia el acoso y detención de periodistas, miembros de empresas de comunicación y fotógrafos, además de la restricción del acceso de internet.
La brutal represión ejercida por policías y soldados contra manifestantes desarmados contrarios al golpe de Estado militar tiñe de sangre a diario las calles del país, y ha dejado al menos 581 muertos, aunque no ha logrado detener al movimiento disidente.
El Ejército justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido liderado por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, aunque las elecciones que fueron consideradas legítimas por observadores internacionales.
Los militares tomaron el poder horas antes de que se conformara el nuevo Parlamento electo y detuvieron a decenas de diputados, entre ellos la derrocada líder Suu Kyi, aunque a posterior un grupo de políticos conformó el Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH).
