Bogotá, 28 oct (EFE).- A Luz le acusaron de tentativa de homicidio por abrazar a un policía e intentar evitar que unos encapuchados lo mataran a palos en las protestas de Colombia de mayo y junio. Su caso muestra que, seis meses después del comienzo del paro nacional, el estallido social ya no está en las calles sino en los juzgados.
Luz (nombre ficticio) es una profesora rural que participó en las ollas comunitarias y talleres populares de una localidad del suroeste del país que se montaron desde el 28 de abril.
"Yo sabía que en algún momento de mi vida algo me iba a pasar", relata a Efe la profesora, que nunca se amedrentó por las amenazas de paramilitares o de padres de alumnos a los que no les gustaba su pensamiento crítico y de "no dejarse meter los dedos en la boca" que inculcaba a los niños. "Ese ha sido mi grave problema: no quedarme callada".
En su pueblo, donde muchos de sus exalumnos protestaban por sus derechos, por la falta de oportunidades de los jóvenes, encapuchados montaron un bloqueo que impedía el paso en una zona de ingenios azucareros y fábricas de multinacionales. "Nosotros a lo nuestro y ellos a lo suyo", les decía a sus exalumnos, para que no se metieran en problemas.
Como a los diez días llegó una furgoneta blanca de la que se bajaron tres personas armadas (luego supieron que eran policías) que comenzaron a disparar; los del bloqueo consiguieron desarmarlos y empezaron a golpearlos.
"Yo me le tiré al policía", asegura Luz. No para agredirle, sino para interponer su cuerpo al de los agresores. "Aquí no van a matar a nadie", gritó. El policía pudo salir.
Varias semanas después, cuando estaba en el aeropuerto para mudarse a otro país donde le habían ofrecido un trabajo, la detuvieron.
Ante su incredulidad, la llevaron varios días a una comisaría donde le imputaron cargos de tentativa de homicidio, secuestro agravado y tortura agravada, entre otros, que podrían darle 30 años de cárcel.
Luz no lo podía creer y el juez en la primera audiencia tampoco; no había pruebas y la dejó en libertad, pero ella, que ahora está amenazada, no puede salir del país porque aún está vinculada al proceso.
IMPUTACIONES SOBREDIMENSIONADAS
Según la Campaña Defender la Libertad, que acaba de ganar el Premio Nacional de Derechos Humanos, 313 personas fueron detenidas durante las protestas.
En las calles ya no hay arengas ni disturbios, y los grafitis que reclamaban la salida del presidente están casi borrados, pero una de las consecuencias más visibles está en los juzgados.
En muchos casos la Policía arrestó a jóvenes inocentes contra los que la Fiscalía no podía presentar cargos y cuando lo hacía fueron "imputaciones infladísimas, las sobredimensionan y ya en el curso del juicio se van cayendo a pedazos", asegura a Efe el abogado Brahiam Corredor, de la ONG Humanidad Vigente, integrada en la Campaña.
Según los datos recolectados, "de las personas detenidas con fines de judicialización, el 5 % aproximadamente continúan con el juicio, el 95 % se cae porque no tienen un sustento real o ni siquiera llegan a la primera audiencia".
SOFISTICACIÓN DE LOS CARGOS
Entre ese 5 % de casos que prosperaron está el de Fabián Bernate, un joven que está montando un restaurante en un cerro de Bogotá, en un mirador con unas impresionantes vistas de la capital.
Salió a protestar en noviembre de 2019, cuando comenzó el estallido social, y en medio de los disturbios, después de ver cómo una turba casi mata a palos a un policía, le recogió el casco caído y lo llevó a la comisaría. Ahí, un agente lo agarró.
"Me cogió y me comenzó a pegar", asegura Fabián. Después lo detuvieron: "Me estaban imputando cargos que en realidad yo no hice; me dijeron que había pegado a dos policías".
Eso le llevó a un periplo de dos años de audiencias con testimonios contradictorios de policías, donde le imputaron "agresión a servidor público", una pena que conlleva hasta 4 años de cárcel.
"Tuvimos que desvirtuar los testimonios de los policías porque tenían muchas contradicciones", cuenta Corredor, su abogado, y añade: "no hay un sustento probatorio que pueda decir más allá de toda duda que Fabián agredió al policía". Ahora su caso está pendiente de sentencia, pero ambos son optimistas.
El de Fabián fue uno de los primeros casos, pero desde entonces, asegura el abogado, "hubo una evolución en los delitos que empezaron a imputar a los marchantes, ya no solamente era violencia contra servidor público, a los siguientes les empezaron a imputar terrorismo, daño en bien ajeno, porte de sustancias peligrosas, intento de homicidio...".
"Empezaron a inflar esas imputaciones", continúa el letrado, y eso provocó que "las personas que se someten a un proceso judicial queden con la sensación de que las castigaron por salir a protestar".
Durante las protestas se cometieron delitos gravísimos, tanto agresiones -físicas y sexuales- y homicidios de la Policía a manifestantes, como protestantes que agredieron a agentes e incluso incendiaron un puesto policial con personas dentro.
Pero, el Estado "en vez de enfocarse por ser efectivos", señala Corredor, "ha venido desarrollando un sistema para hacer un montaje más elaborado, no piensan siquiera en la idea de coger a los culpables reales, sino cómo hacemos para que los que cogemos sí los podamos judicializar".
