Bangkok, 28 feb (EFE).- La Policía de Tailandia detuvo al menos a una decena de manifestantes que salieron este domingo a las calles de Bangkok para protestar contra el gobierno del primer ministro, Prayut Chan-ocha, quien lideró el golpe de Estado de 2014.
Las protestas contra el Ejecutivo tailandés, que han vivido un parón de meses y son organizadas en su mayoría por movimientos estudiantiles, tuvieron hoy por escenario una de las principales arterias de la metrópoli, donde se reunieron los participantes para marchar hacia la casa del primer ministro.
La residencia de Prayut, un general en la reserva reconvertido en político, se encuentra dentro del campamento militar del 11º Regimiento de Infantería, desde 2019 bajo el control directo del rey Vajiralongkorn.
Las autoridades reforzaron desde anoche la seguridad del campamento militar colocando contenedores de mercancía sobre la carretera para tratar de impedir el avance del movimiento antigubernamental, que ha perdido en intensidad y número de asistentes desde el año pasado.
Las protestas prodemocráticas comenzaron el julio de 2020 para exigir la dimisión del primer ministro tailandés, la redacción de una nueva Constitución -ya que la actual fue redactada por la anterior junta militar (2014-2019)- y reducir el poder de los militares.
Sin embargo, al demanda mas ambiciosa llegó al mes siguiente, cuando exigieron la reforma de la monarquía para que tenga menos influencia política y la enmienda de la ley de lesa majestad, que castiga con penas de entre 3 y 15 años de cárcel a quien critique a la Casa Real.
Más de 50 personas, entre ellas los líderes del movimiento que ha discurrido en su gran mayoría de manera pacífica, han sido denunciados por las autoridades por vulnerar la ley de lesa majestad, y cuatro de ellos se encuentran desde principios de mes en prisión preventiva.
La ONU, la Unión Europea y Estados Unidos han criticado el uso de la lesa majestad en Tailandia para acallar las críticas al Gobierno y las penas excesivas, incluida una de 43 años de prisión impuesta por un tribunal a una funcionaria en enero por compartir en las redes sociales un programa de radio crítico con la monarquía.
