En los últimos años, a través de toda la nación, sectores conservadores –en su mayoría republicanos– han levantado toda una ola legislativa que burdamente representa una agenda antitransgénero en los Estados Unidos.
Estas leyes van dirigidas a entorpecer la calidad de vida para este grupo poblacional en varios entornos que incluyen la prohibición de participar en competencias deportivas, obstruir la utilización de baños correspondientes a su identidad y eliminar el acceso a servicios o atención médica que se ajuste a sus necesidades.
Un aspecto preocupante para quienes defienden la justicia social equitativa se basa en que estas leyes proponen una grave amenaza a los derechos humanos. Fundamentadas en prejuicios y discrimen, atentan contra la seguridad de las personas transgénero y tienen el potencial para crear un impacto devastador en sus vidas.
Una de las temáticas que ha generado este tipo de legislación gubernamental gira en torno a la participación deportiva. Estas disposiciones impiden que mujeres y niñas transgénero compitan en categorías femeninas, bajo la noción generalizada de que tienen una ventaja en relación a su composición física sobre mujeres biológicas.
A pesar de que estadísticamente los hombres cisgénero presentan un mayor rendimiento y desempeño atlético, no existe evidencia científica que respalde esta premisa. De hecho, estudios recientes han demostrado que la mujer trans no tiene una ventaja en los deportes.
Por otro lado, una de las tendencias legislativas más prejuiciadas se refiere a proyectos que regulan el uso de baños públicos. Estas leyes exigen que las personas transgénero elijan el servicio sanitario que corresponda con su sexo asignado al nacer. Esto basado en una narrativa crasamente falsa y problemática de que las personas transgénero tienen más probabilidades de cometer agresiones sexuales que las cisgéneros.
Sin embargo, no existe evidencia alguna que sustente esta afirmación. Las personas transgénero no son una amenaza para la seguridad pública.
En lo que se refiere al entorno salubrista, muchos estados han adoptado medidas que tienen como objetivo obstaculizar el acceso a servicios de atención médica adecuada con relación a su estatus de transición. Estas dificultan que se obtengan hormonas, tratamientos de testosterona o cirugías, los cuales son elementos esenciales para su salud mental y física.
El impacto se agudiza en personas de recursos económicos limitados y dependen del sistema de salud pública, al igual que quienes están bajo la custodia del estado, como en cárceles e instituciones de detención y rehabilitación.
Un paso importante para erradicar la transfobia yace en la educación del público en general sobre lo que es el transgenerismo y los problemas que enfrenta esta comunidad. Vivimos en un país democrático, por lo que es vital el ponerse en contacto con sus funcionarios electos y hacerles
saber que se opone a la legislación antitransgénero. También puede apoyar a organizaciones que trabajan para proteger los derechos trans.
Para romper con este patrón, es imperativo que reflexionemos objetivamente –desde una perspectiva moderna– sobre las construcciones sociales que definen los conceptos de masculinidad, feminidad, hombres y mujeres.
La lucha contra la transfobia no es fácil, pero es necesaria. Son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad, respeto e igualdad.
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*Mujeres transgénero se manifiestan frente a la Casa Blanca en una protesta relacionada a los derechos de salud durante el mandato del expresidente Donald Trump. Una administración que dejó al descubierto la vulnerabilidad de esta comunidad. (CC/Victoria Pickering)
