Ciudad de México, 21 nov (EFE).- El Gobierno de México ha puesto en marcha una Comisión de la Verdad para esclarecer la represión contra la disidencia emprendida por el Estado mexicano durante la llamada guerra sucia entre los años 60 y 80, que supone para las familias de las víctimas la última oportunidad para hacer justicia y saber de sus desaparecidos.
"Se acaba el tiempo, es un momento crítico, llega al límite esta investigación porque muchos han muerto. Pero si hay voluntad de investigar, los muertos hablan", dijo a Efe Jorge Gálvez, miembro del Comité ¡Eureka!, que desde 1977 busca a personas desaparecidas por el Estado mexicano.
A finales de la década de los 60, el Gobierno autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emprendió en México la llamada guerra sucia - que las víctimas prefieren llamar "terrorismo de Estado"- en contra de disidentes de izquierda, estudiantes, obreros y organizaciones guerrilleras.
El punto de inflexión lo marcó la masacre contra el movimiento estudiantil de 1968 en un mitin en Tlatelolco y siguieron dos décadas de arrestos, torturas y desapariciones perpetradas por la ya extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la complicidad del Ejército.
Mientras México apoyaba a la Revolución cubana, al Gobierno de Salvador Allende y al sandinismo, en su interior el régimen priista "ocultaba" la persecución a los movimientos de izquierda que pedían la democratización del país.
"Empezó una detención de líderes estudiantiles, obreros, campesinos y una desaparición selectiva (de personas)", contó Gálvez, quien hoy dirige un museo con el archivo del Comité ¡Eureka!.
Este colectivo tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido a día de hoy.
El comité fue fundado por la reconocida Rosario Ibarra, quien tras el arresto de su hijo Jesús, se organizó con otras madres de desaparecidos, conocidas como "las doñas", y emprendió históricas huelgas de hambre que lograron liberar a centenares de represaliados.
Pero a sus 94 años, Rosario Ibarra sigue sin conocer el paradero de su hijo.
CONOCER LA VERDAD
Cuatro décadas después, el Gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador formalizó el pasado 6 de octubre la creación de la Comisión de la Verdad que debe investigar las graves violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990.
Para Gálvez, yerno de Rosario Ibarra, el decreto "se tardó porque tiene que dar frutos en dos años y medio", cuando concluirá la presidencia de López Obrador, y "queda corto el período de investigación", dado que las desapariciones forzadas en México se dispararon con el inicio a la guerra contra el narcotráfico de 2006.
De todos modos, las familias apoyan a la comisión, formada por cinco expertos en derechos humanos con el apoyo técnico de la ONU.
Una de sus miembros, Eugenia Allier, contó a Efe que estudiarán casos de detención forzada, desapariciones, torturas y exilios, y que el fin principal es "dar a conocer lo que pasó".
"El desconocimiento y la impunidad que rodea esa violencia permite que hoy vivamos una violencia mucho mayor todavía", opinó la también historiadora.
Para encontrar la verdad, tanto la comisión como las familias consideran fundamental que el Gobierno cumpla su compromiso de abrir los archivos y las instalaciones, sobre todo del Ejército.
"Tenemos muchas décadas en esto, estamos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer", dijo a Efe Alicia de los Ríos, del colectivo de familiares de Chihuahua.
EN BUSCA DE JUSTICIA
Prácticamente desde que nació, esta abogada busca a su madre, también llamada Alicia de los Ríos.
Ella fue una integrante de la guerrilla Liga Comunista 23 de Septiembre, que fue arrestada en una emboscada policial en Ciudad de México.
"Desde que tengo memoria, mi abuela y mi tía Marta están en búsqueda de mi mamá. Ellas mueren y yo tomo la estafeta", contó a Efe.
Según testimonios de otros presos, Alicia de los Ríos fue vista en el campo militar número 1 de la Ciudad de México y posteriormente en un recinto militar de Acapulco, donde se pierde su pista.
Aunque en un inicio buscaba a su madre con vida, con el paso del tiempo llegó a la conclusión de que el "modus operandi" de las autoridades era la "eliminación" de muchos de los disidentes.
"Queremos saber qué pasó con cada uno de ellos y por supuesto queremos acceso a la justicia y que sean juzgados los responsables", dijo De los Ríos.
El único presidente mexicano de la época que sigue vivo es Luis Echeverría (1970-1976), de 99 años, aunque los colectivos confían en hallar también a mandos altos, intermedios y bajos.
"Si los perpetradores tendrían entre 30 y 40 años, estamos hablando de personas de unos 80 años. Muchos siguen con vida pero el tiempo corre. Hay que encontrarlos y pedir que hablen", apremió De los Ríos.
Lo cierto es que enjuiciar no está en las competencias de la comisión, pero sus miembros comparten la necesidad de hacer justicia.
"De nada nos sirve recordar si no hay justicia. Apoyaremos en todo lo que se pueda pero no depende de nosotros", expresó Allier.
