El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó una consulta urgente con ministros clave del gobierno para abordar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordenó detener la ofensiva militar en Rafah. La CIJ solicitó la detención inmediata de la operación para evitar la destrucción de los palestinos de Gaza y asegurar acceso a misiones de expertos para investigar denuncias de genocidio.
Aunque aún no se ha emitido una respuesta oficial desde la oficina del Primer Ministro, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, instó a una acción más contundente, abogando por la conquista de Rafah y el aplastamiento total de Hamás. Mientras tanto, líderes de la oposición como Yair Lapid consideran que la decisión de la CIJ es injusta, pero culpan al Gobierno israelí por permitir que la situación llegara a la justicia internacional.
El debate sobre la respuesta de Israel al fallo de la CIJ refleja la complejidad y la sensibilidad de la situación en Oriente Medio, donde las tensiones entre Israel y Palestina continúan siendo una preocupación mundial. El liderazgo israelí enfrenta la difícil tarea de equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos y las normas internacionales, en un contexto marcado por años de conflicto y disputas territoriales.
