Quito, 14 ago (EFE).- El politiqueo y los intereses personales han sumido a Quito en una anómala bicefalia en la que los políticos Jorge Yunda y Santiago Guarderas se disputan desde hace más de dos meses la titularidad de la Alcaldía, con el correspondiente daño a la administración del mayor municipio de Ecuador.
Los ancianos de la villa, que han visto pasar mil y un políticos por la Plaza Grande que alberga la sede ciertamente desentonante de hormigón de la Alcaldía, en medio de imponentes edificios coloniales y neoclásicos, no recuerdan una situación como la que se vive desde junio.
"En Quito se han botado presidentes varias veces, pero nunca, nunca, se ha depuesto a un alcalde", dijo a Efe el concejal opositor Eduardo del Pozo, del movimiento CREO.
REMOCIÓN
El 3 de junio el alcalde elegido en las urnas en 2019, Yunda, de 56 años, fue depuesto en una moción por dos tercios del Concejo Municipal, y tras la pertinente apelación y sentencia judicial, el 20 de julio asumió su lugarteniente, Guarderas, quien estuvo en funciones hasta el 30, cuando otro fallo anuló la remoción de su predecesor.
En medio, incesantes procesos judiciales con denuncias de corrupción contra una jueza, ahora suspendida, por no someterse a sorteo el tribunal.
Desde entonces prosiguen su turno las demandas de uno u otro para aferrarse al cargo y, lo más desconcertante, con contradictorios pronunciamientos de las distintas instancias y cortes.
Ahora es la Constitucional la que debe pronunciarse acerca de cuál de los tribunales tiene potestad para sacar a la capital de Ecuador del callejón sin salida.
La última y desconcertante situación, propia de opereta, se produjo el 10 de agosto, fecha patria, cuando un concejal arrojó agua, y después el vaso mismo, al regidor electo durante una sesión conmemorativa.
EL GENÉSIS
"Lo que sucede en Quito parte desde el inicio de la administración. Yunda entró con apenas el 20 % del voto, no tenía proyecto político. Le dimos gobernabilidad como acto de responsabilidad, pero llegó un punto en que no se pudo porque se evidenciaron muchos indicios de corrupción en las contrataciones", aseguró Del Pozo.
Se refería a las investigaciones abiertas, meses antes, por la compra anómala en 2020 de pruebas PCR que resultaron ser LAMP y que, incautados los teléfonos del alcalde y de su hijo Sebastián Yunda (popularmente conocido como "Baby Yunda"), condujeron a nuevas aristas judiciales sobre presuntas contrataciones ilegales dentro del municipio, casos aún abiertos en la Fiscalía y la Contraloría.
El alcalde, que lleva grillete electrónico desde febrero como medida cautelar, asegura que todo se origina en una "persecución política".
"A veces, en nuestro país, la política es sinónimo de descalificación, de persecuciones, de una serie de artimañas que nos hace ver esta situación agridulce", lamentó el alcalde.
ENTORNO POLÍTICO
Ante lo absurdo de la situación, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, envió esta semana un "mensaje especial" a "toda la ciudadanía quiteña" para decirle que "este pueblo noble y rebelde no merece lo que ocurre".
"De hecho, tampoco lo merecemos los ecuatorianos, porque Quito es la capital de cada habitante de este país. Cuando llegue el momento, este Gobierno (..) defenderá la luz que siempre brilló y debe seguir brillando en Quito. ¡Jamás abandonaremos al pueblo quiteño!", advirtió más como apoyo moral que jurídico, pues nada puede hacer.
Distintos gremios y cámaras de la ciudad se manifestaron por sus calles al día siguiente para posicionarse con uno u otro candidato, o bien para exigir el fin a una crisis municipal que empieza a afectar al Consistorio.
EFECTOS COLATERALES
Un funcionario del municipio explicó a Efe, en condición de anonimato, que hasta ahora "el impacto" ha sido sobre todo a "nivel político" y no tanto "en los niveles técnicos", dado que hay protocolos y servicios que no pueden dejar de funcionar.
"¡No van a dejar sin agua a la ciudad o sin servicio de limpieza! ¡Hay contratos (que cumplir), anticipos (que pagar)", apostilló, pero recordó que los intercambios de titularidad en la Alcaldía acarrean también cambios en las direcciones de las distintas secretarías y, en ello, sí hay un impacto a nivel administrativo.
Un exfuncionario, víctima de la purga de Guarderas cuando estuvo al frente de la Alcaldía, aseguró que "la capital está en un período de crisis desde hace ya algunos años por el abandono de alcaldes anteriores".
Una situación que "la pandemia agravó" y "todo esto, ahora, completa" la dejadez para con los tres millones de habitantes de la ciudad.
DICOTOMÍA JURÍDICA
"Lo lógico, ante tanto escándalo, era cambiar a casi todo el equipo, empezando por los que más tenían indicios de corrupción", justificó Del Pozo la momentánea remoción de secretarios municipales.
Y abundó en que Quito está ahora en una "dicotomía jurídica" por criterios a favor de una tesis y de la otra, porque no se sabe "quién es el alcalde".
Solo la Corte Constitucional podrá resolver este "cruce de sentencias", aunque Del Pozo advierte que el caso va mucho más allá y "demuestra que la justicia en el país está dañada, corroída y putrefacta".
Elías L. Benarroch
