Santa Cruz de La Palma, 19 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes en La Palma que España va a pedir formalmente a la Comisión Europea que active el Fondo de Solidaridad para conseguir recursos con los que afrontar la reconstrucción de todos los daños generados por la erupción.
Sánchez esperaba haber tenido oportunidad de conversar sobre este asunto en persona en Santa Cruz de La Palma con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, pero este finalmente no ha podido realizar la visita que había anunciado a la isla, debido a dificultades en las conexiones aéreas.
El presidente del Gobierno ha subrayado que, aunque la emergencia no ha terminado, todas las administraciones están haciendo un trabajo permanente para valorar los destrozos provocados por el volcán, sin descuidar, ha dicho, otro tipo de daños que es consciente de que "posiblemente no se van a poder reparar nunca".
Sánchez se refería así a aquellos ciudadanos que, con su casa, han perdido algo más que una propiedad o un recurso, han perdido recuerdos y relaciones emocionales de una vida entera. "No puedo hacerme una idea de que eso representa", ha confesado el presidente.
También ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros aprobará una partida de 4 millones de euros para reparar instalaciones de suministro de agua, y que en breve se transferirán otros 5 millones para gastos de personal, gastos corrientes, ayudas a domicilio, gestión de alojamiento, y apoyo social, psicológico y educativo.
Para diciembre está previsto aprobar un decreto dotado con 2,5 millones para proyectos de investigación científica en torno a la erupción.
Sánchez ha enfatizado que en estas ocho semanas que han transcurrido desde el inicio de la erupción en Cumbre Vieja el ritmo de trabajo desplegado por el Gobierno ha sido "extraordinario".
En este tiempo ha transferido al Ejecutivo canario 10,5 millones para ayudas para vivienda y enseres, y otros 18,8 para ayudas en materia de pesca y agricultura.
Ha citado también la cesión de un buque cisterna para surtir agua de riego a las fincas aisladas por las coladas, a los 33,6 millones ya abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, casi el 85 % de los cuales por viviendas, y a los 974 trabajadores acogidos al mecanismo especial de ERTEs para la Palma.
Además, se han tramitado 297 peticiones de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias por un valor de 442.687 euros.
Sánchez ha prometido que el Gobierno hará "todo y más" para responder a la emergencia y para "ofrecer un horizonte de prosperidad, progreso, reconstrucción y relanzamiento" de La Palma, que arrastra "déficit estructurales" que han de ser abordados.
"Tendremos recursos, 200 millones para la reconstrucción de la isla. Son muchos. Los vamos a invertir bien en beneficio de quienes más han sufrido, quienes han perdido su hogar, sus recuerdos, su memoria familiar", ha garantizado.
El presidente ha recalcado que con independencia de que aún no se sepa, "por desgracia", cuando finalizará la erupción, la unidad que han mostrado hasta ahora todas las instituciones se mantendrá para hacer realidad todos estos compromisos adquiridos.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha señalado que "las primeras señales de reconstrucción han comenzado" y ha añadido que la velocidad con la que están actuando todas las administraciones es "verdaderamente notable, aunque todo se puede mejorar".
Pérez ha indicado que las instituciones han de corresponder a "la entereza" que han mostrado los palmeros ante la adversidad, así como a la solidaridad y la proximidad expresada por toda Canarias, España e incluso Europa. "Eso nos obliga aún más", ha dicho.
El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha proclamado que se siente "muy orgulloso" por ostentar este cargo por "la actitud, el sacrificio, la tenacidad y capacidad de superación" de sus conciudadanos, que han "dado un gran ejemplo al mundo".
Hernández Zapata ha subrayado que ante una situación extraordinaria, las medidas que arbitren las administraciones tienen que estar "a la altura", y ha aunque cree que se está trabajando con celeridad ha asumido que "tenemos que ser más rápidos y eficaces" porque es lo que les exige la sociedad.
