CINCINNATI, Ohio — El juez de la Corte Federal Timothy Black declaró culpable a Ronnie Estes, de la compañía R&R Steel, LLC en un caso de cargos graves, denunciado en diciembre de 2016 por los trabajadores hispanos Gandhi Mérida, Edward González y Víctor Maradiaga.
Ellos, luchando por sus derechos, recopilaron todas las pruebas de pagos alterados por horas laboradas, además de reportes de una cuenta de fondos de jubilación 401K que nunca tuvieron, y falta de equipos de seguridad para realizar sus labores.
Mérida, González y Maradiaga –quienes se ganaban la vida instalando varillas en obras de construcción industrial– además de hacer público el robo de sus salarios, el racismo y el abuso en la compañía R&R Steel, denunciaron también que allí no se les ofrecía agua, no tenían calefacción durante los meses de frío y sus vidas siempre estaban en peligro.
Finalmente, “se hizo justicia” destacaron miembros del Centro de Trabajadores de Cincinnati (CIWC) el 14 de diciembre de 2021, al salir del edificio judicial ubicado en el 100 East 5th St., donde Estes fue declarado culpable, con suficientes argumentos por aprovecharse de la vulnerabilidad de los empleados, asumiendo conductas criminales.
En un proceso que duró alrededor de tres horas, Estes aceptó que se apropió de los fondos de jubilación (401K) de trabajadores inmigrantes, cometió fraudes relacionados a las certificaciones falsas de capacitación de la Administración de Seguridad de Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo (OSHA), además de otras acciones indebidas hacia los trabajadores.
Los cargos fueron pronunciados de inmediato por el juez Timothy Black.
Desde el 4 de marzo de 2022, Estes ingresará a prisión para cumplir con 18 meses de su condena que incluye tres años de libertad condicional.
Además, deberá pagar unos $54,000 dólares en concepto de indemnización para las víctimas a quienes les robó sus salarios.
“Esta es la primera vez en nuestra ciudad que un empleador –quien robó salarios a trabajadores inmigrantes– enfrentará un proceso penal y una sentencia”, había declarado Brennan Grayson, director del Centro de Trabajadores de Cincinnati (CIWC) en un mensaje enviado a líderes comunitarios, colaboradores de la organización y medios locales, antes de la audiencia.
Fue un hecho histórico para los trabajadores y para toda la comunidad latina; un fallo que ha sentado un precedente, al demostrar que “sí se puede” denunciar un caso y lograr justicia, independientemente de ser inmigrantes, indocumentados o de no hablar inglés.
“Es la primera vez que se hace justicia por el robo de salarios a trabajadores, enfrentando un proceso penal y terminando con la sentencia del implicado”, repitió a La Mega Nota Grayson, quien siempre ha representado legalmente en el reclamo por lo justo para todos los trabajadores.
Gandhi Mérida, uno de los obreros afectados en este proceso, y a quien en medios locales ya han calificado como héroe, estaba en la corte al momento de la sentencia de Estes.
“Estoy alegre por la victoria. Es una sentencia que tiene un gran comienzo de justicia para todos”, indicó Mérida, agregando que “los jueces deberían convertir un proceso como este en ley”.
En diciembre de 2016, este caso fue denunciado por Mérida, González y Maradiaga a través de La Jornada Latina [ahora La Mega Nota], mostrando bloques de documentos que comprobaban el robo de salarios, falsificaciones y talonarios de cheques con pagos alterados por parte de la compañía R&R Steel.
En esa primera entrevista con La Jornada Latina, Gandhi Mérida aseguró que sus vidas siempre estuvieron en riesgo “por lo peligroso que resultaba el trabajo sin la debida protección de seguridad”.
Víctor Maradiaga subrayó que desde el día que empezó a trabajar en la compañía “nunca había usado equipo de protección”.
Edward González explicó cómo se reportaba en planilla un pago falso de $50 por hora y no existía constancia de aportes de la empresa al 401K.
“Eso no es cierto; tenemos las pruebas, además de nuestros talonarios de cheques. ¿A dónde va ese otro dinero? [...] Hasta el momento no lo sabemos porque ellos dijeron que lo depositaban a nuestras cuentas de 401K y en éstas no hay evidencia de tales depósitos”.
Durante cinco años, el CIWC y los inmigrantes víctimas del hecho esperaron por justicia.
En una reciente visita del Secretario de Trabajo al CIWC, Gandhi Mérida tuvo la oportunidad de explicarle personalmente los detalles del caso.
