Managua, 29 jun (EFE).- El jefe de prensa del canal 10 de la televisión nicaragüense, Mauricio Madrigal, compareció este martes ante el Ministerio Público donde le preguntaron si conocía la Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por el sandinismo, y que, según el gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, "criminaliza" al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.
"Nos preguntaron si conocemos la ley y le dijimos que sí", dijo a periodistas el jefe de prensa del Canal 10, el de mayor audiencia en Nicaragua, al salir de la Fiscalía.
La controvertida ley, que ha sido bautizada como "Ley Mordaza" o "Ley Bozal" por la prensa no oficial nicaragüense, y que entró en vigor el 30 de diciembre de 2020, establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la "seguridad del Estado".
La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.
La ley contiene 25 definiciones, sin embargo, según advierten sus críticos, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) e información tergiversada.
Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
LE PREGUNTAN SOBRE EL QUEHACER PERIODÍSTICO
Durante la entrevista, Madrigal dijo que el fiscal le preguntó sobre cómo trabajan los periodistas en Canal 10, sobre cómo hacen para trabajar, "para balancear la noticia y esas cosas", entre ellas cómo hacen para conseguir las noticias y cómo definen el contenido.
También cómo era el noticiero Acción 10, que dirige, qué tipo de noticias presentaban y les respondió: "de todo tipo, de lo que ocurre en la calle, coyuntura nacional".
El periodista aclaró que personalmente no se sintió amenazado con que le hayan preguntado si conocía la Ley Especial de Ciberdelitos, y sostuvo que el Canal 10 mantendrá su línea editorial.
El viernes pasado, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, cargó contra los periodistas a los que acusó de "inventar cualquier cosa para sembrar el terror", los tildó de "malignos", "hipócritas", "destructores", "criminales", "terroristas de la comunicación", y agradeció a Dios que van "quedando en unos cuantos miserables".
La también primera dama señaló a los periodistas de que sus "plumas están llenas de odio" y que de esa misma forma los ve el Gobierno que preside su marido, el sandinista Daniel Ortega, y entre otros epítetos los llamó "chachalacas (aves bulliciosas)" y "urracas parlanchinas".
Las declaraciones de Murillo fueron ofrecidas luego de conocerse que un tercer periodista abandonara Nicaragua por temor a perder su libertad en medio de una ola de detenciones contra varios dirigentes políticos opositores, incluido dos comunicadores que habían anunciado sus intenciones de aspirar a la Presidencia.
UN PERIODISTA ARRESTADO, TRES EXILIADOS Y DECENAS CITADOS
El periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas al Gobierno de Ortega y galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset, se exilió por segunda vez en los últimos tres años y lo hizo junto a su esposa, según explicó, "para resguardar" su libertad.
La Policía Nacional arrestó al periodista Miguel Mendoza el lunes de la semana pasada bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua.
El Ministerio Público también investiga a la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado, y a los periodistas Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, por la causa que se ha abierto en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar a una treintena de periodistas.
