Moscú, 20 nov (EFE).- El Kremlin de Vladimir Putin quiere dejar a los rusos sin memoria de las represiones soviéticas. La organización de derechos humanos más antigua de Rusia, Memorial, que se dedica a la rehabilitación de los millones de represaliados de este país, está amenazada de desaparición.
"Quieren que dejemos de existir. Las autoridades rusas quieren heredar sólo las glorias pasadas y hacer con la investigación de los crímenes (de Estado) lo mismo que en su momento hicieron en Argentina: 'punto y final. ¡Basta!'", comentó a Efe Alexandr Cherkasov, director de Memorial.
La próxima semana la Justicia tramitará la petición de disolución de la Fiscalía, que acusa a dicha organización de incumplir la ley de agentes extranjeros, la versión moderna del "enemigo del pueblo" de la antigua URSS.
"¿Qué ocurre? ¿Debemos ser represaliados por segunda vez? Primero reprimieron a nuestros abuelos y padres, y ahora nos persiguen por unirnos a una organización, que es nuestro derecho constitucional", comentó la nieta de un represaliado.
ENEMIGO DEL PUEBLO
Memorial se considera "un eslabón" de una campaña que empezó a forjarse hace diez años con la promulgación de la ley de agentes extranjeros por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, que quiere hacerse a toda costa con el control de la sociedad civil para minimizar su influencia en la vida política y social.
"Las ONG que no se sometan al control del Estado, deben desaparecer. Eso es lo que les molesta a las autoridades que somos una institución fuerte e independiente. Compaginamos la visión histórica con la defensa de los derechos humanos", explicó a Efe Oleg Orlov, otro veterano activista.
Según la acusación, Memorial violó dicha ley -es agente extranjero desde 2016-, instigó el incumplimiento de fallos judiciales y justificó el extremismo y el terrorismo.
La organización, que fue fundada en 1991 entre otros por el científico y Nobel de la Paz (1975) Andréi Sájarov, considera que criticar públicamente las decisiones judiciales no puede ser ilegal, al igual que crear desde 2008 una lista de presos políticos no puede ser considerada una justificación de actividades extremistas.
En la última lista de 79 nombres, que algunos consideran el detonante del actual proceso, Memorial incluyó desde estudiantes universitarios a activistas u opositores como Alexéi Navalni.
BORRAR LAS HUELLAS DEL CRIMEN
En cambio, Cherkasov considera que la lista es una "excusa" y el fin real es borrar toda huella de los crímenes cometidos durante la URSS, pero también los perpetrados desde 1991, con el fin de otorgar inmunidad histórica al principal culpable: el Estado ruso.
"Tenemos un pasado muy complicado, pero el presente no lo es menos. En el pasado de Rusia no hay menos secretos horribles que en los países latinoamericanos que vivieron bajo una dictadura. Es decir, terror, desaparición de gente y ejecuciones sumarias", resalta.
Además, agrega, "en los últimos años, por ejemplo en la primera guerra de Chechenia (1994-96), los escuadrones de la muerte fueron culpables de la desaparición de miles de civiles".
Cherkasov recuerda que Putin llegó al poder mientras se cometían "crímenes masivos" en la segunda guerra chechena, que él declaró cuando era primer ministro.
"Los crímenes más recientes, de los que son responsables los actuales funcionarios y oficiales, tampoco quieren que se investiguen. Pero estos no prescriben", advirtió.
En su opinión, detrás de toda esta campaña represora está, además del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) el propio Putin, "con su pasado, su entorno, sus complejos y su visión de la vida".
"En Rusia todo está relacionado con una sola persona, que hizo carrera en los últimos años de la URSS. Ahora, estamos en una mediocre dictadura tercermundista", subrayó el jefe de Memorial.
GORBACHOV Y CONDENA INTERNACIONAL
Memorial recuerda que el número oficial de represaliados soviéticos asciende a 12 millones, cuando sus activistas únicamente han identificado a 3,5 millones, a lo que hay que sumar unos 40.000 verdugos, por lo que su labor aún no ha terminado.
"Aunque nos liquiden, seguiremos trabajando. En Chechenia, que es un enclave totalitario, también cerramos la oficina, pero continuamos investigando. Memorial seguirá existiendo", señaló Orlov.
Los dos rusos premiados con el Nobel de la Paz -el último presidente soviético, Mijaíl Gorbachov (1990), y el recién galardonado Dmitri Murátov, director del periódico Nóvaya Gazeta- pidieron a la Fiscalía que retire la demanda.
A Gorbachov, cuyos abuelos fueron también represaliados, se les sumaron la viuda del Nobel de Literatura Alexandr Solzhenitsin ("Archipiélago Gulag"), Natalia; el Centro Yeltsin; la escritora rusa Ludmila Petrushévskaya, que renunció a un premio que recibió de manos de Putin en 2002; la ONU, Amnistía Internacional, EEUU y la Unión Europea.
"Si Sájarov estuviera vivo sería un disidente como en la URSS. Lo que está ocurriendo ahora en Rusia sería inadmisible para él. Seguramente también le nombrarían agente extranjero", aseveró Orlov.
