COLUMBUS, Ohio — La comunidad de Ohio aún está sanando las heridas sociales tras la masacre ocurrida en Dayton, el fatídico 4 de agosto de 2019.
Muchas han sido las voces alzadas exigiendo cambios o modificaciones en las leyes que regulan el uso y manejo de armas de fuego.
La lucha por revisión legislativa representa un eje de controversia en el capitolio estatal a raíz de la fuerte oposición de grupos que defienden el status quo.
Ante el tranque federal en este ámbito, estados y municipalidades se han visto obligados a tomar medidas que –de una forma u otra– ayudan a disminuir la facilidad que hoy día tiene un individuo para cometer atroces actos de violencia desmedida e injustificada.
Entre este grupo se encuentra el gobernador Mike DeWine, quien el pasado mes de octubre, lanzó su propuesta legislativa denominada “Strong Ohio”.
La iniciativa cuenta con el patrocinio del senador Matt Dolan (R-Chagrin Falls), y es parte de un ambicioso plan de prevención de violencia que propone conservará los derechos constitucionales y evitará la violencia a través de órdenes de protección de seguridad, una verificación más exhaustiva de antecedentes en solicitudes de permisos para armas con un proceso riguroso, ayuda continua a las personas en crisis, nuevas verificaciones de antecedentes estatales y sanciones más severas por delitos cometidos con armas de fuego.
Según se desprende del comunicado de prensa oficial de la gobernación, la propuesta crearía un proceso en la ley similar al actual, que rige a personas que padecen afecciones de salud mental severas, a un tratamiento ordenado por la corte.
-Se capacitará a hospitales y a la corte para ayudar a aquellos que legalmente se consideran un peligro para ellos mismos u otros, como resultado de la dependencia de drogas o alcoholismo crónico.
También asegura de que aquellos legalmente declarados por un juez como “un peligro para sí mismos o para otros”, no tengan acceso a armas de fuego.
-Da a los miembros de la familia de dichas personas vulnerables o en riesgo, la capacidad de solicitar más fácilmente al tribunal, “un tratamiento ordenado por ley”.
-Exige que las agencias y los tribunales encargados de hacer cumplir la ley, emitan ciertas órdenes de protección y de arresto, por delitos graves en las bases de datos policiales estatales y federales, para “garantizar resultados de verificación de antecedentes más precisos”.
-Crea además un nuevo proceso de verificación de antecedentes de compra y venta de armas, que “aumentará la cantidad de verificaciones de antecedentes realizadas en Ohio, que al mismo tiempo protegerá la privacidad de los propietarios de arma legalmente”.
-Aumenta las sanciones para aquellos que venden o proporcionan un arma de fuego a alguien que le es legalmente prohibido, y otorga a los jueces nuevas opciones a sentencias por casos de delitos graves en los que se haya utilizado un arma.
-Aumenta la pena para aquellos que se encuentran con un arma mientras están legalmente prohibidos de poseer una, y “hace más drástica la penalización por vender un arma a un menor”.
